Combatientes en Burundi: actores en tiempos de incertidumbre

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Miguel Ángel Prieto Vaz*

INTRODUCCIÓN

En 1993 el asesinato del primer presidente electo de Burundi, Melchor Ndadaye, por parte de un grupo de militares fue el detonante de una ola de violencia comunitaria. La represión posterior del ejército fue de una extrema violencia. A pesar de su virulencia, el golpe de estado fracasó, pero el gobierno que resulto del posterior acuerdo político entre los dos partidos mayoritarios (UPRONA y FRODEBU) no pudo mantener la seguridad. La violencia política y las masacres se extendieron por el país.

Las fuerzas extremistas de la elite política y militar, que habían perdido las elecciones, asumieron el desorden como estrategia política temporal. Paralelamente, se creaban nuevas fuerzas de oposición política que defendían la opción armada, entre ellas el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CNDD) con su brazo armado las Fuerzas de Defensa de la Democracia (FDD).

A diferencia de otros episodios de violencia [1], en este caso, los diversos grupos que conformaban la rebelión no fueron desmantelados y permanecerían activos y con una capacidad operativa muy significativa durante más de una década. Se iniciaba una guerra civil que causaría la muerte de 300.000 personas, entre una población total estimada de seis millones.

En 1996 el exitoso golpe de estado de Pierre Buyoya supondría el inicio de una nueva etapa de la guerra, en la cual se superaba la fase aguda de enfrentamientos intercomunitarios entre grupos extremistas más o menos desorganizados y se establecía una confrontación militar entre las fuerzas de seguridad del estado y las rebeliones armadas. El nuevo gobierno no fue capaz de acabar con las rebeliones y, después de un periodo de interrupción, retomó las negociaciones tuteladas por los países de la región. Estas culminarían, a principios del milenio, con los acuerdos de Arusha y posteriormente con la firma del alto el fuego entre el principal movimiento de oposición armada (el CNDD-FDD) y el gobierno de transición.

En el año 2005, la elección como presidente del gobierno de Pierre Nkurunziza, líder del CNDD-FDD, significó una transformación radical del paisaje político y un éxito de la transición.

En septiembre de 2006 el gobierno y el último movimiento armado de oposición, el Partido para la Liberación del Pueblo Hutu – Frente Nacional de Liberación (PALIPEHUTU-FNL), alcanzaron un acuerdo de cese el fuego, pero no será hasta diciembre del 2008 que se acuerdan los términos para su aplicación. En abril del 2009 el gobierno reconoce al FNL (eliminada la denominación étnica, PALIPEHUTU) como partido político, lo que representa el abandono de la lucha armada como forma de reivindicación política.

¿Por qué miles de personas participaron directamente en la lucha armada en Burundi? ¿Qué mecanismos permitieron articular la movilización y la posterior desmovilización? Estas son las preguntas que este texto aborda a partir de las entrevistas realizadas a burundeses ex combatientes y de la revisión de estudios sobre los mismos.

El artículo presenta un cuadro sobre las motivaciones y constricciones que explican la decisión de implicarse en la guerra, apunta las experiencias que genera entre sus actores, entre ellos las élites y las redes clientelares, y concluye con una descripción de los rasgos generales del proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los combatientes (DDR).

Las historias, inquietudes y aspiraciones de las personas entrevistadas que inspiran el texto y el film, ofrecen testimonio de la capacidad de la sociedad para navegar en tiempos de incertidumbre. Pese a la violencia, que ha marcado sus vidas, los burundeses tratan de encontrar formas para aprovechar las oportunidades del nuevo sistema sociopolítico. Así, desafían el papel que reiteradamente los medios de comunicación de masas occidentales asignan a los africanos: víctimas pasivas, meras receptores de la ayuda occidental o salvajes irracionales en un contexto caótico.

LA MOVILIZACIÓN DE COMBATIENTES

La literatura sobre las llamadas “nuevas guerras” (Kaldor, 2001) ha analizado sus objetivos políticos, el papel de los estados, las estrategias e intereses de los llamados “señores de la guerra” etc…, ha prestado muy poca atención a los perpetradores. Considerados como actores pasivos o piezas mecánicas de un juego más amplio, con frecuencia su voz no es recogida ni en los análisis ni en las propuestas políticas de solución. Sin embargo, como mantiene Uvin para las personas que perpetraron las masacres en Ruanda en 1994: “es evidente que los mensaje de odio emitidos por las élites no son simplemente recibidos por receptores pasivos que automáticamente obedecen las ordenes de sus estimados líderes. Las personas, incluso aquellas que viven en la pobreza, tienen capacidad para escoger los mensajes que respetaran, y modificar los de acuerdo con sus preferencias.” (Uvin, 1998, p. 67).

Escasean los estudios que mediante trabajo de campo y con métodos rigurosos y sistemáticos de recogida de datos, exploren las dimensiones micro de la guerra, es decir las percepciones, intereses y situación socioeconómica de las personas, familias y comunidades locales afectadas (Justino, 2007). Esto limita nuestra comprensión de este fenómeno social [2].

En este texto, recurrimos a las investigaciones de Richards (2005) sobre la guerra, como estado de ánimo entre las partes enfrentadas y como forma de movilización social altamente organizada, para analizar el papel de los organizadores de la violencia y los mecanismos que permiten vincular a líderes y “tropa” en la guerra civil burundesa.

Durante 2006 y 2007 el autor mantuvo entrevistas en profundidad con tres hombres desertores del último movimiento de oposición armada activo en el país el Frente de Liberación del Pueblo Hutu y de su brazo armado el Frente Nacional de Liberación (PALIPEHUTU-FNL)[3]. Su relato constituye el principal material de este texto. Sin embargo, para obtener una perspectiva más amplia también se mantuvieron entrevistas con tres hombres ex soldados de las Fuerzas Armadas de Burundi (FAB) y tres mujeres miembros del CNDD-FDD, todos beneficiarios de las primas del Programa Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) o integrados en las fuerzas de seguridad.

La mayoría de las personas entrevistadas eran menores de 30 años, como la mayoría de los combatientes reclutados entre 1993 y 2004, que según Uvin (2007) lo fueron cuando eran menores de edad.

A pesar de las limitaciones metodológicas de este análisis, basado en auto narraciones y sin una población muestra rigurosa y científicamente significativa, creemos que recogen diversidad y complejidad, y permiten arrojar luz sobre los combatientes.

Constricciones y motivaciones

La guerra civil burundesa fue un proyecto diseñado fundamentalmente por los líderes hutus, que mediante la organización de la violencia armada respondían a la historia de exclusión y violencia estructural, y pretendían acceder al poder y forzar el cambio sociopolítico. El éxito de su proyecto dependía en buena medida de la movilización de parte de la población, que tenía que enfrentarse a las instituciones del estado y particularmente al ejército.

El porcentaje de población que participó en los movimientos armados se ha considerado pequeño, incluso en términos relativos: 90.000 personas (la mitad combatientes de las rebeliones) entre una población de más de seis millones y con altos índices de violencia. Sin embargo entre los combatientes es destacable la práctica ausencia de reclutamiento forzoso [4] (Mvukiyehe et al, 2006).

La guerra será un proyecto asumido por colectivos con unos rasgos generales que podemos identificar (edad, procedencia rural o urbana, sexo, perfil económico…). Sin embargo, no es posible encajar la historia de cada uno de los combatientes en un único relato colectivo. A continuación se presentan especialmente los casos de pertenencia a las rebeliones.

A continuación, diferenciamos constricciones y motivaciones que permiten explicar la decisión de participar en la lucha armada, siendo aquellas los factores sobre los que los potenciales combatientes no tienen ningún control y superan su esfera individual y familiar, y éstas las que se mueven en su órbita personal o familiar y con una dimensión de agency.

En Burundi, durante décadas la violencia de carácter político determinó la experiencia de vida de buena parte de la población [5] y además se producía con una impunidad y un carácter indiscriminado que generaba frustración y alimentaba un círculo vicioso de venganzas y ataques preventivos. Un estudio reciente ha identificado una fuerte correlación entre violencia indiscriminada e incremento en los niveles de reclutamiento en la rebelión armada (Nillesen, E. y Verwimp P. 2009) especialmente significativa en el período posterior a las masacres de 1993.

Por otra parte, bajo el régimen en el poder no hay diferenciación entre las esferas económica y política: “El control sobre el Estado y el poder político es sinónimo de control sobre oportunidades económicas, individualmente y como grupo” (Oketch y Polzer, 2002, p. 104). La historia de la violencia y de la economía estado íntimamente ligadas. En este sentido, el estudio citado arriba también ha establecido una fuerte correlación entre la caída de los ingresos derivados del café (el monocultivo más rentable del país) e incrementos en el reclutamiento [6].

Jóvenes y niños no eran ajenos a esta violencia, para muchos condicionó su desarrollo hacia la condición de adultos. La mayoría fueron víctimas de la misma y en ocasiones víctimas y victimarios.

La dimensión étnica también es un elemento central del contexto. La diferenciación étnica por si misma no conduce automáticamente al prejuicio negativo de tipo racista, para que este se produzca son necesarios al menos dos elementos: una simplificación de la identidad de las persona, reducidas a su etnia, y la valoración moralmente negativa de los atributos de una determinada etnia (Uvin, 1998). A veces este prejuicio es resultado de construcciones psicoculturales con independencia de las condiciones reales de la población, pero este no es el caso en Burundi, y esto facilita su activación y manipulación por parte de las elites que precisan de la movilización popular.[7]

Por una parte, la elite tutsi que asumió las riendas del poder desde la independencia aplicaba políticas discriminatorias que favorecían a una parte de la comunidad tutsi (demográficamente minoritaria, aprox. el 15% de la población). También, gracias al efecto del espejo ruandés (instauración de un régimen autoritario hutu y recurrentes agresiones y exilio forzado de miles de tutsis) y a los episodios locales de violencia comunitaria, la élite político militar fomentaba entre su base social un sentimiento de amenaza física y de miedo al cambio. De esta manera, conseguía un grado de apoyo suficiente en su esfuerzo de guerra (servicio militar forzoso, impuestos…).

Por otra parte, la mayoría hutu relacionaba su inseguridad personal, política y económica a su pertinencia étnica, lo cual favorecía el antagonismo que era utilizado y promovido por las elites hutus en la oposición armada para justificar sus acciones y fomentar la movilización. Además, algunos miembros de las elites hutu defendían abiertamente un discurso racista anti-tutsi con derivas genocidas.

Para muchos jóvenes hutus la conciencia de rivalidad étnica, construida a partir de la frustración y del victimismo que provocaban la exclusión política y económica de su comunidad, fue razón clave para tomar la decisión de participar en la lucha armada; en el caso de los tutsi, el componente ideológico tuvo un menor peso en la decisión (Mvukiyehe et al, 2006).

Estos elementos son necesarios pero no suficientes para fundamentar la arriesgada decisión personal de participar en la lucha armada y tampoco explican los mecanismos sociales en los que se sustenta la movilización.

¿Por qué algunas personas deciden integrar se en los grupos armados y otros no?

Las entrevistas realizadas ponen de manifiesto que frecuentemente los combatientes habían sufrido en primera persona experiencias traumáticas, conectadas con las practicas gubernamentales de exclusión (fracaso o abandono voluntario de los estudios, falta de oportunidades económicas…), los efectos de la violencia armada (orfandad, desplazamiento forzado…), u otros factores (violencia intrafamiliar, proximidad a los líderes extremistas, escasez de tierras para el trabajo en el campo…). En resumen: la inseguridad, el malestar o el enfado son motores para el reclutamiento.

Algunas de las personas entrevistadas manifiestan que se incorporan a un movimiento armado condicionados por sus comunidades o familias. En un contexto de riesgo, estas consideran que la pertinencia de uno de sus miembros a un movimiento, les otorgará protección, en especial ante ataques contra las personas o ante la amenaza de apropiación de sus tierras [8]. Kalyvas (2006) han estudiado como la integración en una rebelión armada puede ser una estrategia a la que se recurre para evitar la violencia del otro bando.

Sin embargo, la opción por las armas no depende solo de factores externos a los combatientes, la mayoría de jóvenes integran la rebelión como una estrategia afirmativa, que interactua con los mecanismos de reclutamiento. La respuesta más frecuente a la pregunta sobre cómo los reclutas entraban en contacto con la rebelión, es que ellos buscaban a la rebelión (Mvukiyehe et al 2006; Samii, 2007, y entrevistas del autor).

En Burundi, la crisis era palpable y comportaba una erosión de las estructuras de decisión, control social y mediación tradicional (p. ej. el consejo de notables – ubashingatae). En contacto con nuevas expresiones culturales y religiosas, los valores comunitarios y tradicionales son desafiados o (re)interpretados. Los jóvenes se sienten infravalorados y bloqueados, quieren dotar, casarse, acceder a su vivienda y a las oportunidades económicas, pero el sistema de autoridad establecido (familiar, comunitario o estatal) se inhibe, es incapaz, de dar respuestas o es percibido como ilegítimo u opresor. Algunos optan por la autoridad de una organización armada que perciben como un canal para su futura inclusión social.

El status quo está en crisis, y en la cabeza de los futuros combatientes éste es reemplazado por el sistema de la guerra para conseguir el cambio. “Gracias a los sentimientos traumáticos y de enfado existentes, los reclutadores rebeldes podían dirigirse directamente a los niños y jóvenes hutus, en lugar de confiar en las elites locales o los jefes de familia. La participación resultante era casi completamente voluntaria” (Samii, 2007, p. 3).

Los ex-combatientes relatan que los miembros de la rebelión tenían una presencia más o menos estable en su territorio y organizaban actividades de propaganda política. Un niño, ex combatiente del PALIPEHUTU-FNL comenta: “Las palabras de Rwasa [líder del PALIPEHUTU-FNL] nos llegaban al corazón” (entrevista personal, 2007).

A pesar de la especificidad de cada contexto, las pautas de comportamiento de los jóvenes combatientes burundeses no son diferentes de otras situaciones de crisis: “[los jóvenes] son a la vez navegantes sociales del presente y generadores de futuros colectivos y personales. Son a la vez actores y receptores de actuaciones, resisten la muerte social de una África post colonial gerontocrática en la cual fuerzan la apertura de espacios sociales, navegan a través de rutas tradicionales y alternativas para asegurar vidas decentes. A veces, estos esfuerzos conducen hacia una concienciación religiosa, a veces hacia la migración y a veces hacia la guerra…”(Christiansen, Utas y Vick, 2006, p. 21).

En el interior del movimiento, los rebeldes se sienten integrantes de una estructura que protege y asegura los medios para la supervivencia, formación militar, un lugar en la jerarquía y una función determinada. Para algunos la lucha armada es un espacio de aprendizaje, de aplicación de capacidades emprendedoras o de innovaciones tecnológicas rudimentarias, que en ocasiones se pueden aprovechar en la vida civil; para otros, la lucha activa el ascensor social en el marco de la jerarquía militar. Todo esto era irrealizable en su contexto local [9].

Hacia el exterior el grupo proyecta su poder y control sobre las personas y recibe un implícito reconocimiento social. En este sentido, para muchos jóvenes la guerra era percibida como el espacio donde desplegar su capacidad, proyectar la voluntad de cambio y obtener los recursos y el reconocimiento para alcanzar la condición de adultos y la consecuente sensación de inclusión social.

Como apunta Richards : “La vida de la rebelión es, por si misma, un forma de trabajo que se realiza en contextos donde otras opciones son ausentes. La lucha se convierte en una vía importante, o la única, para la incorporación social de amplias capas de la juventud” (Richards, 2007, p. 10).

El papel de las redes clientelares

Las relaciones sociales también son claves para la movilización armada.

Por una parte, el reclutamiento se apoya en vínculos ya existentes; un estudio basado en encuestas a combatientes, pone de manifiesto que “las redes de amigos parecen haber jugado un papel importante en el proceso de movilización, dos tercios de los combatientes entrevistados conocían a amigos en los grupos en los que se integraban” (Samii, 2007, p. 12).

Por otra parte, la lucha refuerza o genera nuevos vínculos de solidaridad entre los compañeros de lucha.

Especialmente relevante es la relación de lealtad y dependencia mutua entre el patrón organizador de la violencia con recursos y poder y su cliente, el joven rebelde. En parte, se trata de una innovación sociopolítica. Las relaciones clientelares tradicionales vinculaban a un número reducido de personas porque se establecían entre persones provenientes de la misma localidad o clan o, puntualmente, a partir de alianzas interclánicas. Las formas del clientelismo post colonial, en el marco de los nuevos estados, conllevan la vinculación de miles de persones a un líder o grupo de líderes. En el caso de Burundi, esta estrategia es viable, entre otras razones, por la (re)construcción y activación de la identidad étnica que otorga un vínculo de sentido a una comunidad autodefinida. Los líderes, pretenden convertirse en referentes de este imaginario y aumentar su potencial de movilización hasta límites desconocidos en la estructura de poder descentralizado del Burundi precolonial.

Esta tendencia se agudiza en tiempos de guerra. Las dinámicas de (re)producción de redes clientelares se aceleran porque, para poder competir en el nuevo contexto, éstas han de abrirse e incorporar rápidamente a personas procedentes de territorios y estratos sociales diversos [10]. Como apunta Richards “la guerra no estalla porque las condiciones son optimas sino porque está organizada. Alguien tiene que tomar la decisión de embarcarse en la arriesgada estrategia de conseguir el poder, mediante la movilización y la violencia. La iniciativa tiene que ser planificada, los combatientes formados, y las armas tienen que estar disponibles; las tácticas han de ser diseñadas y las campañas ejecutadas. Esta es la tarea de grupos específicos en una sociedad” (Richards, 2005, p. 4).

LA DESMOVILIZACIÓN Y LA REINTEGRACIÓN

La transición política en Burundi ha respetado los intereses y las formas de legitimidad de las elites enfrentadas. La desmovilización se inicia cuando, por razones diversas, estas, alcanzan el acuerdo de parar el combate. Las cuotas étnicas en las instituciones del estado, reflejadas en el Acuerdo de Arusha y después consagradas en la Constitución, ponen de manifiesto que las soluciones aceptadas reconocen implícitamente la importancia del antagonismo étnico, que como hemos apuntado es un elemento central del imaginario del reclutamiento y de la guerra [11].

En este apartado realizaremos una breve revisión del Programa Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (PNDDR) que está vinculado con la Reforma del sector de Seguridad [12]. También recogeremos algunos testimonios de desertores del FNL cuando todavía se encontraban a la espera de su inclusión definitiva en la fase de desmovilización y reintegración del programa. Sus declaraciones apuntan un elemento inquietante de la transición burundesa: la frustración de los jóvenes que no se han beneficiado de las primas de desmovilización, pese a haber participado en la lucha armada [13].

El PNDDR se inició en el 2004 y todavía está activo para los combatientes del FNL. Por ello es prematuro su valoración general pero sí que podemos apuntar algunos rasgos generales.

La ejecución del PNDDR, ha corrido a cargo de la Comisión Nacional para el Desarme, la Desmovilización y la Reintegración (CNDDR), pero hasta finales del 2008 formaba parte de un programa regional, el Programa Multi- País de Desmovilización y Reintegración (MDRP) para los países de los Grandes Lagos que coordinaba y financiaba el Banco Mundial mediante un fondo multi donantes.

El Programa se basaba en el Acuerdo de Paz de Arusha que establecía que los rebeldes adultos que no se integraran en las fuerzas de seguridad o aquellos miembros de las mismas que las abandonaran se beneficiarían de un paquete de reintegración. Este se componía de dos partes: una compensación económica, de unos 500 dólares americanos (existen variaciones según el rango de los combatientes), que se entregaba en 4 pagos durante 10 meses; y un paquete de asistencia a la reintegración, estimado en 500 dólares americanos, que comprendía formación, equipos y otros inputs imprescindibles para iniciar una actividad económica u otras opciones (educación formal, reincorporación a su puesto de trabajo…).

Según los datos de finales del 2008 de la CNDDR, sin contar los efectivos del FNL, los ex combatientes desmovilizados alcanzaron la cifra de 56.000, entre ellos 26.000 soldados de las Fuerzas Armadas de Burundi (FAB) y rebeldes de diferentes grupos, 20.000 paramilitares y 10.000 “militantes combatientes” vinculados al CNDD-FDD (Douma, 2008).

La compensación prevista para los combatientes, en un país con una renta per capita anual de 83 dólares, da una idea de su impacto en la economía familiar. Éste ha sido corroborado por un estudio reciente que analiza datos de consumo familiar entre 1998 y 2007. El mismo establece que: “cuando un miembro de la familia se integro en la rebelión entre 1999 y 2007, el nivel de consumo se incremento en casi un 29% “(Verwimp, P. y Bundervoet, T, 2008, P. 18). Otras investigaciones muestran que en el ámbito rural (especialmente en el norte y entre aquellos que habían pasado menos años en el exilio) los ex combatientes pertenecen actualmente a la clase económica más alta. (Uvin, 2007; y Douma, 2008).

Sin embargo, la reintegración en las áreas urbanas ha sido más problemática. En algunos casos porque no los ex combatientes no disponían de la formación y habilidad suficiente para el entorno competitivo de la ciudad o porque habían utilizado su paquete de reintegración para reconstruir sus casas y reunificar a sus familias exiliadas; en el caso de los ex soldados, jugaba en su contra la dependencia de la institución militar que hasta la fecha había asegurado muchos servicios básicos.

La opción preferente del programa fue la reintegración de los excombatientes desde una lógica individual. Los responsables de la CNDDR y del MDRP descartaron de común acuerdo la posibilidad de destinar recursos hacia proyectos de la comunidad de acogida o hacia asociaciones de excombatientes. De esta manera, se quería alcanzar de forma rápida un gran número de personas y evitar ciertos riesgos, p. ej. el mantenimiento de las estructuras de mando de los grupos armados a través de la transferencia de recursos a proyectos de las asociaciones de ex combatientes (Douma, 2008).

El MDRP iniciado en el año 2004 finalizó en diciembre de 2008 y actualmente las actividades de DDR se gestionan exclusivamente a escala nacional. El programa está todavía incompleto por dos razones; los combatientes del FNL no se han integrado en el programa, y todavía no se ha producido la reducción prevista de efectivos de las fuerzas de seguridad.

Los desertores del PALIPEHUTU-FNL entrevistados entienden la posibilidad de participar en el nuevo sistema. Las elecciones del 2005 han significado una transformación radical del panorama político, la mayoría de los miembros del nuevo gobierno son hutu de la antigua oposición armada, como lo son la mayoría de los combatientes de su movimiento, en las fuerzas de seguridad se están integrando a numerosos antiguos rebeldes, y el nuevo patrón nacional, el president Pierre Nkurunziza, asegura que los desertores del PALIPEHUTU-FNL serán integrados en las fuerzas de seguridad o recibirán una ayuda de desmovilización.

Un ex rebelde desertor del PALIPEHUTU-FNL comenta:

“Yo no encontré la solución de mis problemas en la selva. Así que decidí no continuar. Yo no encontré el éxito… ” (Entrevista personal, 2007)

El programa de desmovilización es percibido por los potenciales beneficiarios como apoyo a una estrategia de supervivencia en un contexto nuevo donde la violencia y la rivalidad étnica han perdido su protagonismo.

Por eso, cuando algunos desertores del FNL-PALIPEHUTU tienen que enfrentarse a la posibilidad de las promesas incumplidas y por tanto de no recibir el apoyo económico previsto o de no poder formar parte de las fuerzas de seguridad, expresan su estupor y, pese a que la experiencia de la guerra les ha defraudado, amenazan veladamente con su reintegración voluntaria al PALIPEHUTU-FNL.

“Pasar seis años en la selva y volver a casa sin nada en los bolsillos, eso es chocante” (entrevista personal, 2007)

La frase representa las frustraciones de los combatientes auto desmovilizados que no han podido disfrutar de las ayudas del PNDRR y constituyen un riesgo para la estabilidad política.

Esto nos lleva a concluir este apartado refiriéndonos a los dos grupos que identificamos como de mayor riesgo en el escenario actual:

Por una parte los combatientes que pese a participar en la lucha armada no se beneficiaron de la desmovilización y por otra aquellos que no han tenido éxito en las inversiones realizadas con la compensación económica de la reintegración. Uvin advierte que la frustración de los combatientes auto desmovilizados que no han podido disfrutar de las ayudas del PNDRR constituyen un desafío para la reintegración y un riesgo para la paz (Uvin, 2007)

En el primer grupo encontraremos sobre todo a ex miembros del CNDD-FDD que abandonaron la lucha justo antes de la firma de los acuerdos de Pretoria en 2004, entre el gobierno de transición y este movimiento armado. Como afirma un documento de análisis del International Crisis Group. El CNDD-FDD “parece activarse para recuperar políticamente a los millares de desmovilizados de la ex rebelión decepcionados por no haber sido beneficiarios de la compensación de desmovilización” (ICG, 2009, p. 14)

En el segundo grupo, encontramos a combatientes y ex militares de las FAB para los que para los que la desmovilización no ha significado una entrada viable en la vida civil. Estos últimos además perciben la reforma del Sector de Seguridad como una calamidad que les ha forzados a abandonar el ejercito que les garantizaba numerosos servicios vitales. Diversas fuentes mantienen que algunos de los ex FAB se han integrado en el Consejo Nacional de Defensa del Pueblo, grupo armado activo en el Kivu Norte, al este de la República Democrática del Congo. Próximo a este grupo, se encuentran los actuales miembros de las FDN, provenientes de las FAB, y que se sienten amenazados por la necesaria reducción de efectivos en este cuerpo. Además la integración de los rebeldes del FNL puede acelerar este proceso.

De manera providencial un desertor del PALIPEHUTU-FNL reflexionaba:

“la rebelión me mantenía, ¿cómo lo haré en la vida civil sin el apoyo del programa de desmovilización?” (entrevista personal, 2007)

El programa de desmovilización tiene una dimensión material indudable pero también tiene una dimensión simbólica porque los potenciales beneficiarios lo perciben como un rito de inclusión social (Richards, 2007) y de reconocimiento. De hecho, algunos ex rebeldes entrevistados hablan de la desmovilización como de una etapa previa necesaria para poder asumir el discurso hegemónico de la democracia (entrevista de grupo, 2007).

También, desde el punto de vista de las redes clientelares, la desmovilización, así como el marco legal y la repartición del poder han otorgado a los patrones de la guerra, autoridad, legitimidad simbólica y recursos para mantener, al menos durante un tiempo, cierto control y lealtad de las redes clientelares creadas durante la guerra.

CONCLUSIÓN

En este artículo hemos tratado de ofrecer claves para la comprensión de los combatientes, y situarlos como un elemento distintivo en la actual transición política. La escasa literatura científica al respecto, pese a las facilidades de acceso y la existencia de metodologías de investigación contrastadas, nos obliga a mantener vigente la denuncia de “pereza intelectual”, que a finales del milenio pasado, Chabal y Daloz lanzaban a los analistas sobre África.

En el cercano escenario de una polarización política creciente a causa de las elecciones del verano del 2010, los analistas han puesto atención en dos elementos: la integración política del FNL y de sus líderes y combatientes en las instituciones del Estado, y las derivas autoritarias del partido de gobierno.

La progresiva desaparición de las dinámicas que explican la guerra civil en Burundi (violencia indiscriminada, exclusión social, política y económica, antagonismo étnico….) significa que la mayor parte de ex combatientes difícilmente retomarían la lucha armada. Sin embargo, el análisis del proceso de reintegración y su conexión con la reforma del sector de seguridad, nos permite identificar el riesgo de manipulación e instrumentalización política de dos grupos de ex combatientes especialmente vulnerables: los ex combatientes frustrados por no haber percibido ayudas de reintegración y los ex combatientes, especialmente en el ámbito urbano, que no han podido invertir sus primas en actividades económicas viables.

La transición política en Burundi, no ha juzgado a los líderes de la violencia, que mayoritariamente se encuentran en las instituciones [14]. La ausencia de un proceso solido de justicia transicional parece consagrar la impunidad y puede favorecer la reactivación de las redes clientelares que fueron claves en la fase armada, o la emergencia de nuevos líderes violentos dispuestos a utilizar la fuerza para conseguir objetivos políticos. Los grupos vulnerables mencionados pueden estar disponibles para tareas de propaganda o intimidación.

En conclusión se puede afirmar que en Burundi ha finalizado la guerra pero todavía no se ha conseguido la paz. Todavía es pronto para descartar la pervivencia o la emergencia de líderes organizadores de la violencia capaces de aprovechar las oportunidades de movilización para a la guerra. Seguramente esta no hablara con el lenguaje de la rivalidad étnica sino que explotará nuevos antagonismos y frustraciones del contexto sociopolítico [15]. El último informe de ICG apunta en este sentido al recordar que: “Estas dos fuerzas [el CNDD-FDD y el FNL] no han abandonado completamente la cultura de la rebelión….La violencia permanece como una opción cuando se encuentran en conflicto con otros partidos” (2009, pag. 15)

Pese a todo, la experiencia burundesa puede considerarse como un ejemplo de transformación negociada del conflicto armado con una potencial influencia positiva en otras sociedades de la región de los Grandes Lagos, todavía hoy marcadas por la represión política y la violencia armada.

NOTAS
[1] Por ejemplo, en 1972, en el marco de un intento de golpe de estado, refugiados hutus masacraron a unos 10.000 tutsi y a continuación el ejército desencadeno una represión brutal dirigida a la eliminación de la incipiente élite hutu (aprox. 150.000 personas fueron asesinadas y 300.000 se exiliaron). Unos años más tarde un grupo de exiliados crearían el Frente de liberación del Pueblo Hutu (PALIPEHUTU) con su brazo armado el Frente Nacional de Liberación (FNL).
[2] Para el caso de Burundi, ver bibliografía adjunta. Para otros casos consultar: http://www.microconflict.eu/
[3] Desde principios de 2006 y hasta la firma del cese el fuego en septiembre, el gobierno burundés aplicó una estrategia de presión militar contra el PALIPEHUTU-FNL. Además de los operativos militares, el Presidente P. Nkurunziza prometió a los combatientes que abandonaran ese movimiento su integración en las fuerzas de seguridad o su incorporación al programa de desmovilización. Estas políticas favorecieron la deserción (aunque también la aparición de falsos combatientes atraídos por las promesas).
[4] Pese a las constricciones que describimos abajo se considera que el reclutamiento no es forzado, porque a diferencia del reclutamiento mayoritariamente aleatoria de los conflictos en el norte de Uganda o en Liberia, en Burundi las condiciones locales o particulares del combatiente determinan su reclutamiento.
[5] Según datos de Naciones Unidas, entre el 1993 y el 2000 aproximadamente el 50% de la población había sufrido desplazamiento forzado en el interior exterior del país. 77% de los jefes de familia afirma haber sido afectados directamente por las diferentes crisis, (57% fuertemente, 28% han perdido algún familiar y 23% han sido desplazados, 22,5% de los jefes de familia se convierten en viudos (Nkurunziza i Ngaruko, 2002). En el periodo 1993-2004 se estima que murieron 300.000 persones de una población total de seis millones.
[6] Para una descripción en profundidad sobre el papel del café en el conflicto armado véase: Prieto M.A. (2008). Burundi entre la guerra i la Pau. Barcelona. Quaderns per a la solidaritat nº37.
[7] Lemarchand considera que el recurso a la identidad étnica como elemento de movilización sociopolítica es una estrategia iniciada en la década de los 50 por las primeras formaciones políticas burundesas para constituir alianzas, pero que solo se consolidará décadas más tarde, a causa de la revuelta hutu y la represión contra los tutsi en Ruanda, y de la represión del ejército burundés sobre la población hutu. Se trata de un fenómeno que el autor denomina “profecía auto cumplida” (Lemarchand, 1995). Por otra parte, existen diferencias en el uso y la importancia otorgada a la etnia entre los diferentes partidos políticos (P. ej. Malkki, 1995 ofrece un análisis histórico sobre el papel del discurso étnico en la creación del PALIPEHUTU-FNL).
[8] Samii (2007), establece una fuerte correlación entre el grado de educación y riqueza de las familias hutus i las posibilidades de tener un hijo combatiente. Más años de educación y más riqueza relativa, aumentaban las probabilidades.
[9] Recordemos que en 1972 el régimen en el poder había tratado de eliminar a todos los hutus que pudieran ser considerados como “intelectuales” y que la política de discriminación posterior perseguía un objetivo similar.
[10] Los estudios de Van Acker y Vlassenroot (2000) en el este de la República Democrática del Congo, y H. E. Vigh (2006) en Guinea-Bisssau, describen un mecanismo similar.
[11] P. ej. el art. 257 de la Constitución establece que, « durante un periodo de tiempo a determinar por el Senado, no podrá haber en los cuerpos de seguridad y defensa una presencia superior al 50% de miembros de un grupo étnico particular.”
[12] Según las condiciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional los efectivos de la Fuerza de Defensa Nacional (FDN) y de la Policía Nacional de Burundi (PNB) no deben superar los 25.000 y 15.000 respectivamente. Según datos de mediados de 2009, el número de efectivos del PNB es de 18.164, incluyendo 1.400 provenientes de la rebelión del FNL, y el de la FDN es de 26.000, sin incluir ex miembros del FNL, (ICG.2009).
[13] Una de las debilidades del PNDDR ha sido sus limitaciones a la hora de distinguir entre auténticos combatientes y oportunistas interesados en beneficiarse de las ayudas (Douma, 2008)
[14] Los dos mecanismos acordados en el acuerdo de paz de Arusha: la consulta popular sobre la comisión de verdad y reconciliación y el tribunal especial, todavía no se han aplicado.
[15] Un informe del Centre d’Alerta et de Prévention des Conflits afirmaba : « Sobretodo en las regiones (…) los jóvenes no han conocido nunca el ascensor social y no han entrado en la capital que por la puerta del servicio. Esto, les lleva a evolucionar al lado del sistema, en una forma de contra sociedad con un sentimiento de rechazo a todo lo que tenga una naturaleza oficial.” (CENAP, 2006, p. 12).

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* Miguel Ángel Prieto Vaz es investigador y guionista para La Bretxa. Parte del material de este artículo se recopiló durante el proceso de documentación del film documental: “Syntoniser Amani”. Película realizada por La Bretxa con la colaboración del Centre d’Estudis Africans, el Centre d’Information des Nations Unies au Burundi, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Justícia i Pau-Barcelona y Search For Common Ground-Burundi; y con el apoyo de la Oficina de promoció de la Pau i dels Drets Humans y la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Cataluña. Más información en http://www.syntoniseramani.info.

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